El gobierno de México ha salido a desmentir con vehemencia las acusaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que señaló al Estado mexicano como responsable de prácticas de desaparición forzada. En un nuevo capítulo de esta polémica, la administración federal se niega a aceptar cualquier responsabilidad, generando una ola de críticas.
La Secretaría de Gobernación fue contundente al rechazar las declaraciones de los expertos internacionales, quienes afirmaron que el caso del Rancho Izaguirre, en Jalisco, evidencia una supuesta complicidad estatal en estos crímenes. Para el gobierno, estas acusaciones carecen de sustento y son un ataque directo a su gestión.
El Comité de la ONU había emitido medidas cautelares exigiendo respuestas claras y acciones inmediatas por el caso de Teuchitlán, donde se presume la existencia de un “campo de exterminio” vinculado al crimen organizado. Sin embargo, el gobierno insiste en que no hay pruebas que lo inculpen y califica los señalamientos como infundados.
Este enfrentamiento pone en tela de juicio el compromiso real de las autoridades con la justicia y la búsqueda de desaparecidos, un tema que sigue siendo una herida abierta en el país. Mientras tanto, la tensión entre México y los organismos internacionales crece, dejando más dudas que respuestas.
La postura oficial contrasta con las denuncias de colectivos y familias afectadas, quienes exigen que se investigue a fondo cualquier implicación del Estado. Por ahora, el gobierno de Morena se mantiene firme en su rechazo, pero la presión internacional y las voces internas no parecen dispuestas a ceder.