La Fiscalía de Jalisco ha dado un nuevo golpe a la impunidad al imputar a 10 sujetos detenidos en septiembre en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, por un nuevo delito de desaparición cometido contra particulares. Este caso, que sigue destapando horrores, evidencia una vez más la crisis de inseguridad que azota al país sin que el gobierno federal parezca tener control.
Los acusados, identificados como Kevin “N”, Erick “N”, David “N”, Gustavo “N”, Christopher “N”, Juan Manuel “N”, Óscar Iván “N”, Luis Alberto “N”, Ricardo Augusto “N” y Armando “N”, fueron capturados hace seis meses en un operativo que apenas arañó la superficie de las atrocidades cometidas en ese lugar. Ahora, gracias al reconocimiento de víctimas, se les señala por más crímenes, sumándose a cargos como homicidio y ataques a la autoridad.
El rancho Izaguirre, supuestamente un centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, ha sido un símbolo de la violencia desbordada en Jalisco. Colectivos como Guerreros Buscadores han denunciado que el sitio era usado para entrenar reclutas bajo engaños, y quienes se resistían eran torturados o asesinados, mientras las autoridades parecen llegar siempre tarde.
José Gregorio Lastra Hermida, alias “El Lastra”, detenido como presunto responsable del rancho, confesó que las víctimas eran sometidas a entrenamientos forzados. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en minimizar los hallazgos, negando que sea un campo de exterminio, lo que genera más dudas sobre la voluntad del gobierno para enfrentar la realidad.
La fiscalía asegura que los imputados enfrentan prisión preventiva mientras las investigaciones continúan, pero la lentitud y las contradicciones en el caso reflejan un sistema rebasado. La violencia sigue creciendo, y la falta de acción contundente desde el gobierno federal deja a las víctimas y sus familias en un limbo de desesperanza.