La oposición en México ha levantado la voz contra las recientes reformas a la Ley de Obras Públicas, aprobadas por el Congreso. Según sus críticas, estos cambios abrirían la puerta a un descontrol total en las compras del gobierno, beneficiando a cercanos al poder y dejando de lado la transparencia.
Los legisladores de Morena y sus aliados, conocidos como la 4T, no se han quedado callados. Defienden a capa y espada las modificaciones, asegurando que todo se hará con “transparencia y honradez”. Argumentan que las nuevas reglas agilizarán proyectos clave sin caer en corruptelas del pasado.
El punto más caliente del debate está en los contratos. La oposición denuncia que las reformas relajan los requisitos para asignaciones directas, lo que podría convertirse en un “tombolazo” de recursos públicos. Dicen que esto huele a favoritismo y a un retroceso en la rendición de cuentas.
Por su parte, los diputados de la 4T insisten en que las críticas son puro ruido político. Según ellos, las reformas son un paso adelante para eliminar la burocracia y garantizar que el dinero llegue rápido a donde se necesita, sin intermediarios ni desvíos.
La pelea sigue abierta, y el tema promete dar de qué hablar en los próximos meses. Mientras tanto, el gobierno federal ya planea cómo usar estas nuevas reglas en sus proyectos estrella. La oposición, en cambio, no quita el dedo del renglón y amenaza con llevar el caso a tribunales.