En Argentina, la tasa de pobreza cayó notablemente en el segundo semestre de 2024, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), pasando del 52.9% al 38.1%. Este descenso de 14.8 puntos porcentuales ha sido celebrado por el gobierno de Javier Milei como un logro significativo.
Sin embargo, este dato solo muestra una parte de la realidad. Expertos señalan que el aumento del ingreso familiar, que creció un 64.5% frente al 26.7% de la canasta básica, no refleja las dificultades persistentes de millones de argentinos. La metodología del Indec, basada en ingresos, no considera gastos clave como alquileres o el impacto de las tarifas de servicios.
La situación de los jubilados ilustra este contraste. Aunque muchos superan por poco la línea de pobreza con sus pensiones, estas equivalen a apenas un tercio de la canasta básica que calcula la Defensoría de la Tercera Edad. Esto los obliga a recurrir a comedores sociales, cuya demanda ha crecido en el último año.
Organizaciones sociales reportan un aumento de personas en situación de calle, estimado en 12,000 en Buenos Aires, frente a los 4,049 oficiales. Mientras el gobierno destaca la baja inflación como solución, el drama social sigue siendo una realidad innegable para amplios sectores.