El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha dado un golpe contundente al Cártel de Sinaloa al bloquear las propiedades de seis individuos y siete empresas vinculadas a una red de lavado de dinero. Esta medida, anunciada el lunes, busca cortar el flujo financiero que sostiene a una de las organizaciones criminales más violentas del mundo.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros, estos sancionados están directamente relacionados con el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, un problema que ha desatado una crisis de sobredosis en ese país. La acción es resultado de una investigación conjunta con autoridades mexicanas, lo que evidencia la magnitud del problema que trasciende fronteras.
Entre los señalados está Enrique Dann Esparragoza Rosas, quien controlaría Tapgas México, una empresa en Culiacán acusada de lavar millones de dólares. Otro nombre destacado es Alan Viramontes Sesteaga, identificado como un alto miembro del cártel, lo que subraya la profundidad de las operaciones ilícitas.
La violencia y el narcotráfico siguen escalando, mientras el fentanilo se consolida como una amenaza letal. Las autoridades estadounidenses aseguran que el Cártel de Sinaloa es responsable de una parte significativa de esta droga que cruza la frontera, dejando tras de sí miles de víctimas.
Este bloqueo de activos no solo afecta a los implicados, sino que también prohíbe cualquier transacción con ellos en territorio estadounidense. Es un intento desesperado por frenar una maquinaria criminal que parece imparable, en un contexto donde la inseguridad sigue siendo un tema candente.
La designación del Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera en febrero de 2025 por el Departamento de Estado refuerza la postura de mano dura de Estados Unidos. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿hasta dónde llegarán estas medidas frente a un problema tan arraigado?