Las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Querétaro han sido tomadas por chichimecas desde hace días, convirtiendo el Plan de Justicia en un caos de intereses personales.
Lo que comenzó como una iniciativa para atender las demandas de las comunidades indígenas se ha transformado en un escenario de enfrentamientos y acusaciones entre líderes que buscan reflectores y control.
Mientras unos exigen atención genuina a sus necesidades, otros aprovechan la protesta para negociar prebendas o posicionarse políticamente, dejando en segundo plano los verdaderos problemas.
La falta de claridad en la gestión del INPI solo agrava la situación, permitiendo que el desorden reine y la desconfianza crezca entre los involucrados.
Este episodio refleja cómo las buenas intenciones pueden ser opacadas por la ambición, afectando directamente a quienes más necesitan soluciones reales.
La lucha por el poder dentro del movimiento amenaza con deslegitimar una causa que, en teoría, debería unir a las comunidades en lugar de dividirlas.