El pasado 26 de marzo, el Senado aprobó una reforma judicial que incluye la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, una medida impulsada por Morena y el gobierno federal. Esta decisión ha desatado un intenso debate sobre el papel de la ciudadanía en un proceso históricamente reservado a las élites políticas y jurídicas.
La idea de que el pueblo decida quién ocupa los cargos judiciales suena democrática, pero muchos expertos advierten sobre los riesgos de politizar la justicia. En un país donde las elecciones suelen estar marcadas por campañas millonarias y promesas vacías, la participación ciudadana podría convertirse en un arma de doble filo, manipulada por los mismos de siempre.
Desde la oposición, se acusa a Morena de querer controlar el Poder Judicial con esta reforma. La sospecha es clara: un gobierno que ya domina el Ejecutivo y el Legislativo busca ahora meter las manos en la última trinchera independiente. Los ciudadanos, en teoría protagonistas, podrían acabar siendo peones en un juego de poder.
Por otro lado, hay quienes defienden la medida como un paso hacia la democratización real. Argumentan que los jueces, alejados de la realidad social, necesitan rendir cuentas al pueblo. Sin embargo, la falta de información y la apatía electoral habitual podrían resultar en una participación escasa o desinformada.
El Instituto Nacional Electoral, encargado de organizar estas elecciones, enfrenta un reto monumental. Preparar a millones de votantes para elegir entre cientos de candidatos judiciales no será tarea fácil, y el costo de este experimento ya genera críticas en un contexto de austeridad.
En el fondo, la reforma pone a prueba la madurez de la ciudadanía mexicana. ¿Está lista para asumir una responsabilidad tan delicada o será solo un eco de las órdenes de los partidos? El tiempo dirá si esta participación fortalece la justicia o la condena a los caprichos de la política.