El domingo 30 de marzo, Sinaloa fue escenario de la Carrera por la Paz y contra las Adicciones, un evento impulsado por el gobierno federal que reunió a más de 730 corredores en Culiacán. Con esta iniciativa, se busca promover estilos de vida saludables y combatir el consumo de drogas, especialmente entre los jóvenes.
El gobernador Rubén Rocha Moya, alineado con Morena, encabezó la carrera y destacó su importancia como un “llamado a la conciencia ciudadana”. Sin embargo, detrás del discurso oficial, el evento parece ser otra promesa grandilocuente de un gobierno que no termina de enfrentar la crisis de adicciones que azota al estado y al país.
La carrera, que incluyó recorridos de 5 y 2 kilómetros, partió desde el parque Ernesto Millán Escalante y fue parte de una estrategia nacional replicada en los 32 estados. Aunque se promueve como una solución, la falta de resultados concretos en materia de prevención y seguridad sigue siendo una deuda pendiente del gobierno federal y sus aliados locales.
Organizada por la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la jornada también contempló actividades culturales. Pero mientras las autoridades se congratulan por estas acciones, la realidad en las calles de Sinaloa sigue marcada por la violencia y el avance del narco, sin que eventos como este muestren un impacto real.
Rocha Moya afirmó que la participación masiva refleja el interés por reconstruir el tejido social. No obstante, la pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo seguiremos viendo eventos simbólicos en lugar de políticas efectivas que ataquen las raíces del problema? La paz y la lucha contra las adicciones necesitan más que una carrera para hacerse realidad.