La Fiscalía de Jalisco ha dado un giro inesperado al caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán al imputar nuevos delitos a dos de los diez detenidos en septiembre de 2024. Este sábado, las autoridades señalaron a estos individuos por su presunta participación en actividades aún más graves, vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación.
El rancho, descubierto tras un enfrentamiento con la Guardia Nacional, ha sido identificado como un centro de operaciones criminales. Inicialmente, los diez implicados enfrentaron cargos por secuestro y homicidio, pero ahora dos de ellos también son acusados de delitos relacionados con desaparición forzada y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército.
Las investigaciones revelan un panorama alarmante: el lugar no solo servía para reclutar y entrenar a jóvenes, sino que podría estar ligado a una red de violencia sistemática en la región. La fiscalía estatal asegura que las pruebas recopiladas refuerzan la conexión de los detenidos con el crimen organizado.
A pesar de los avances, la lentitud en la respuesta inicial de las autoridades locales sigue generando críticas. El caso, ahora bajo el radar de la Fiscalía General de la República, expone fallos en la seguridad de Jalisco y la lucha contra la impunidad.
Este nuevo capítulo intensifica la presión sobre el gobierno estatal para esclarecer los hechos y frenar la ola de inseguridad que sacude al municipio de Teuchitlán y sus alrededores. La situación sigue en desarrollo, con más detenciones y revelaciones en el horizonte.