El Partido Acción Nacional (PAN) ha dado un paso contundente al presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Este lugar, señalado como un posible campo de exterminio del crimen organizado, ha expuesto la crisis de violencia y desapariciones que azota al país.
La denuncia, interpuesta desde Washington D.C., busca justicia para las víctimas y protección inmediata para las madres buscadoras, quienes han enfrentado amenazas y hostigamiento tras sus hallazgos. El PAN acusa al gobierno federal de minimizar una tragedia que ha conmocionado a México, dejando en evidencia la falta de acción contra la inseguridad.
Además, el partido exige la creación de una Comisión de Investigación con expertos internacionales para esclarecer los hechos. Argumentan que el Estado mexicano ha fallado en garantizar seguridad y que las familias de los desaparecidos merecen respuestas, no indiferencia.
El caso Teuchitlán, donde se encontraron restos humanos y objetos personales, refleja un problema sistémico: la violencia descontrolada y la aparente complicidad de las autoridades. Las madres buscadoras, pese a su valentía, siguen desprotegidas frente a un gobierno que parece más interesado en su imagen que en resolver la crisis.
Este movimiento del PAN pone presión sobre las instituciones nacionales e internacionales. La CIDH ya calificó el caso como “alarmante”, y ahora la mirada está en cómo responderá el gobierno de Claudia Sheinbaum ante un reclamo que trasciende fronteras. La lucha por la verdad sigue en manos de quienes no se rinden.