La ambiciosa promesa de Donald Trump de realizar deportaciones masivas enfrenta un nuevo revés. Este viernes, dos jueces federales en Estados Unidos detuvieron los intentos de su gobierno para seguir deteniendo y expulsando rápidamente a inmigrantes, poniendo en jaque sus planes migratorios.
En Washington, el juez James Boasberg extendió hasta el 12 de abril un bloqueo temporal que impide usar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua. Esta medida, que Trump intentó aplicar para expulsar a venezolanos sin debido proceso, sigue en disputa tras una audiencia fijada para el 8 de abril.
Por otro lado, en Boston, el juez Brian Murphy emitió una orden nacional que prohíbe deportar inmigrantes a países sin relaciones diplomáticas con Estados Unidos, siempre que no puedan apelar ante un tribunal. Esta decisión responde a una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por acelerar deportaciones.
La administración Trump insiste en que estas acciones son urgentes por seguridad nacional y ha pedido al Tribunal Supremo intervenir. Sin embargo, los fallos judiciales muestran que el camino para cumplir sus promesas no será sencillo.
Estos obstáculos legales retrasan un plan que ha generado controversia global. Mientras el gobierno busca acelerar las expulsiones, las decisiones de los tribunales reflejan un freno a las políticas migratorias más duras de Trump.