La senadora de Morena, Andrea Chávez, está en el ojo del huracán por sus contradictorias declaraciones sobre el origen del dinero que financia sus caravanas médicas en Chihuahua. Lo que comenzó como una supuesta obra altruista se ha convertido en un escándalo que huele a corrupción y promoción personal.
Primero, el 19 de marzo, Chávez aseguró en una entrevista que los recursos para estas caravanas, que cuestan 10 millones de pesos al mes, provenían de “donativos” de empresarios. Sin embargo, tras revelaciones de Latinus que vinculan las unidades médicas a FMedical, empresa de Fernando Padilla Farfán, amigo de Adán Augusto López, la senadora cambió su versión.
El 26 de marzo, en otra entrevista, afirmó que no eran donativos, sino “convenios de colaboración con el sector privado”. Este giro levanta sospechas: ¿qué oculta Chávez? Legalmente, solo dependencias públicas pueden firmar tales convenios, no una senadora que usa su imagen en camiones para ganar popularidad.
La falta de transparencia es alarmante. Chávez no ha explicado cómo se justifican estos millones ni por qué su rostro aparece en las unidades, algo que viola las leyes contra la promoción personalizada de funcionarios. Mientras, ella se victimiza, alegando persecución por “llevar salud” a los chihuahuenses.
El caso destapa el cinismo de Morena: una senadora joven y poderosa, respaldada por figuras como Adán Augusto, parece usar recursos dudosos para posicionarse rumbo a la gubernatura de Chihuahua en 2027. La pregunta sigue en el aire: ¿quién paga realmente esta millonaria estrategia política disfrazada de beneficencia?