A dos años del trágico incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes, el gobierno federal sigue sin dar respuestas. Activistas y ciudadanos se plantaron frente al lugar de los hechos para exigir justicia, y la indignación no se hace esperar ante la ineptitud oficial.
La noche del 27 de marzo de 2023, 40 personas de Guatemala, Venezuela, Colombia, Honduras y El Salvador perdieron la vida atrapadas en una celda en llamas. El humo las asfixió mientras las autoridades, según denuncias, no hicieron nada por salvarlas. Un caso que huele a negligencia y abandono.
Organizaciones como el Servicio Jesuita a Refugiados lideraron la vigilia, recordando a las víctimas y señalando con dedo firme al Instituto Nacional de Migración. Francisco Garduño, titular del INM, sigue en su puesto como si nada, una burla para las familias que aún lloran a sus muertos.
No hay avances reales en el proceso judicial. Las víctimas sobrevivientes y los deudos siguen sin reparación ni verdad. El mensaje del gobierno es claro: la vida de los migrantes no importa, y la justicia es solo una palabra vacía en este régimen.
El obispo Mark Joseph Seitz, desde El Paso, se unió al reclamo. Criticó la parálisis del caso y llamó a revisar las condiciones de detención que llevaron a esta tragedia. La política migratoria de México, bajo el mando de Morena, sigue siendo un desastre mortal.