El gobierno de México ha decidido tender la mano a quienes alguna vez fueron sus adversarios, pero con un giro que no pasa desapercibido. En un mensaje reciente, el presidente anunció que a los “exenemigos” se les ofrecerá “justicia y gracia”, e incluso embajadas, en un gesto que muchos ven como una estrategia política más que como un acto de reconciliación genuina.
Este perdón selectivo parece estar reservado para aquellos que, según el discurso oficial, han rectificado su camino o se alinean ahora con los intereses de Morena. Mientras tanto, la oposición y los críticos del gobierno federal no reciben el mismo trato, enfrentando en cambio señalamientos y una aplicación estricta de la ley que raya en lo implacable.
La promesa de embajadas como premio a la lealtad reavivada levanta sospechas. No es un secreto que el control de los nombramientos diplomáticos ha sido una herramienta clave para recompensar a aliados, pero extenderla a antiguos rivales pone en duda la transparencia de estas decisiones y el uso de los recursos públicos.
El contraste es evidente: a los amigos y a los “arrepentidos” se les abre la puerta con generosidad, pero a quienes persisten en cuestionar al régimen se les cierra con fuerza. Este doble rasero alimenta el debate sobre si realmente hay justicia en el país o si todo se reduce a un juego de favores y castigos disfrazado de nobleza.
La ciudadanía observa con escepticismo. En un contexto donde la inseguridad y la corrupción siguen siendo heridas abiertas, este tipo de maniobras políticas solo refuerzan la percepción de que las prioridades del gobierno están más en consolidar poder que en resolver los problemas de fondo que aquejan a México.