Han pasado dos años desde la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, y la justicia sigue siendo una deuda pendiente. El incendio que cobró la vida de 40 migrantes, encerrados bajo custodia del gobierno federal, sigue sin responsables claros, mientras la indignación crece entre las familias de las víctimas.
Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, permanece en su cargo pese a las acusaciones de negligencia. Los deudos denuncian que no hay avances significativos en las investigaciones, y la permanencia de este funcionario de Morena en el puesto es vista como un insulto a la memoria de los fallecidos.
El padre Javier Calvillo, defensor de migrantes, asegura que el caso fue olvidado tras el impacto inicial. Según él, el gobierno ha dado la espalda a las víctimas, priorizando el poder y la impunidad sobre la vida de personas de Guatemala, Venezuela, Colombia, Honduras y El Salvador.
El lugar del incendio, en ruinas, refleja el abandono de la tragedia. Marcas de manos en las paredes y rejas intactas son testigos mudos de una noche de desesperación que el Instituto Nacional de Migración no supo evitar ni remediar.
La presión de Estados Unidos para endurecer políticas migratorias agrava la crisis humanitaria en la frontera. Activistas temen que, lejos de resolverse, la situación en Ciudad Juárez se convierta en una mancha imborrable para México bajo este gobierno.
La promesa de una reforma al INM, anunciada por Claudia Sheinbaum, suena vacía sin acciones concretas. Mientras tanto, las familias claman por justicia y reparación, atrapadas en un sistema que parece haberles dado la espalda por completo.