La Fiscalía de Jalisco tardó nueve días en notificar a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre evidencias de delitos federales en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán. El hallazgo ocurrió el 18 de septiembre de 2024, pero el aviso se dio hasta el 27 de ese mes, según un oficio oficial.
El documento detalla que la Guardia Nacional encontró armas de fuego, municiones, equipos de comunicación y vehículos en el predio. Además, se detuvo a diez personas y se rescató a tres víctimas de secuestro, lo que apunta a la presencia del crimen organizado, un delito que escapa a la jurisdicción estatal.
A pesar de la gravedad, la fiscalía estatal dejó pasar más de una semana para informar a la FGR, lo que ha desatado críticas por la lentitud en actuar frente a un caso que hoy sacude al país. El rancho, ligado presuntamente al Cártel Jalisco Nueva Generación, sigue bajo escrutinio.
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, ha acusado a Jalisco de omisiones serias en la investigación. Señaló que incluso se permitió el acceso de colectivos de búsqueda sin notificar antes a la FGR, lo que pudo comprometer evidencias clave en el lugar.
La FGR tomó posesión del rancho el 25 de marzo de 2025 y ya abrió carpetas contra funcionarios estatales por posibles irregularidades. Mientras tanto, ropa y calzado hallados por buscadores permanecen en resguardo de Jalisco, sin avances claros en su análisis.