La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha puesto el dedo en la llaga al exigir al gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, que despierte de su letargo y tome en serio la investigación del caso Teuchitlán. El organismo no se anda con rodeos: pide resultados concretos ante el escándalo del rancho Izaguirre, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.
El rancho, que según denuncias funcionaba como campo de adiestramiento y posible centro de exterminio, expone la cruda realidad de la violencia que el gobierno federal parece incapaz de controlar. La CIDH reclama una investigación con “debida diligencia” para castigar a los responsables y dar justicia a las víctimas, algo que hasta ahora brilla por su ausencia.
Mientras Sheinbaum presume reformas y planes, la CIDH deja claro que no basta con palabras: urge acción real para identificar restos y esclarecer los hechos. El hallazgo de fosas clandestinas por colectivos como Guerreros Buscadores de Jalisco desnuda la ineficacia oficial y la crisis de desaparecidos que sigue creciendo.
La presión internacional aumenta, y el mensaje es contundente: México no puede seguir ignorando el horror que ocurre bajo sus narices. ¿Cuánto más tardará este gobierno en enfrentar la verdad?