La consejera jurídica del gobierno federal, Ernestina Godoy, ha puesto el dedo en la llaga con un anuncio que sacude a la administración de Claudia Sheinbaum: sanciones millonarias para los funcionarios que se nieguen a compartir información sobre personas desaparecidas. Este nuevo golpe del gobierno busca, supuestamente, agilizar las búsquedas, pero deja en el aire si será otra promesa vacía de Morena.
Las reformas a la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada prometen castigos de hasta dos millones de pesos para quienes no cumplan. Godoy detalló que se creará una Plataforma Única de Identidad con datos biométricos, como huellas y fotos, para rastrear a los desaparecidos. Sin embargo, el historial de ineficiencia del gobierno federal hace dudar de su efectividad.
Además, se lanzará una Base Nacional de Carpetas de Investigación que obligará a fiscalías a actuar de inmediato ante denuncias, sin las clásicas excusas de las “72 horas”. La intención es clara: obligar a las autoridades a moverse rápido, pero la falta de coordinación y los recursos limitados podrían convertir esto en otro elefante blanco.
El tono triunfalista de Godoy choca con la realidad de miles de familias que siguen buscando a sus seres queridos sin respuestas. Mientras el gobierno presume estas medidas como un gran avance, la pregunta sigue siendo si realmente atacarán la raíz del problema o solo maquillarán las cifras para la próxima conferencia mañanera.