El lunes, en el Palacio Municipal de Tapachula, arrancó una escena que parece sacada de una película: un joven entregó un arma calibre 38 a las autoridades para que la destruyeran, recibiendo a cambio un electrodoméstico. Todo esto forma parte de la campaña “Sí al desarme y sí a la paz”, impulsada por el Gobierno federal y el Ejército.
La iniciativa, que promete reducir la violencia en el país, se extendió por 12 municipios de Chiapas, como Mazatán, Tuxtla Chico y Cacahoatán, y estará activa hasta el sábado. Sin embargo, en una región donde el crimen organizado pelea por el control de la frontera con Centroamérica, cambiar pistolas por licuadoras suena más a propaganda que a solución.
Tapachula, la ciudad con la mayor percepción de inseguridad en 2024 según el Inegi, es el epicentro de esta estrategia. El teniente Fidel Hernández Hernández, del 4º regimiento de caballería motorizada, insiste en que esto ayudará a prevenir delitos y accidentes. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿quién entrega un arma en un lugar donde la violencia manda?
El trasfondo es sombrío. El crimen organizado no descansa, y la frontera sur sigue siendo un polvorín. Mientras, el Gobierno de Claudia Sheinbaum, que lanzó este programa en enero, apuesta por esta medida como si fuera una varita mágica para un problema que parece desbordarlos.
Melgar, autoridad local, presume “avances” en la seguridad. Sin embargo, cuando el año pasado Chiapas lideraba las listas de inseguridad, las soluciones reales brillaron por su ausencia. Ahora, con electrodomésticos como carnada, el plan suena más a distracción que a un golpe serio contra la violencia.
¿Y la gente? Algunos ven una oportunidad para deshacerse de armas sin preguntas, pero la mayoría vive atrapada entre la desconfianza y el miedo. En un estado donde los cárteles dictan las reglas, este trueque parece un parche insignificante frente a una herida que no deja de sangrar.