En un giro inesperado, el Congreso de la Ciudad de México, dominado por Morena, aprobó con 61 votos a favor y uno en contra un dictamen que prohíbe las corridas de toros con violencia. La propuesta, impulsada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, busca lavar la cara de una práctica tradicional mientras el partido en el poder presume un supuesto avance progresista.
La nueva figura del “espectáculo taurino sin violencia” promete mantener la tauromaquia, pero sin sangre ni muerte. Los toros no podrán ser lastimados ni sacrificados, y deberán volver a sus ganaderías tras el evento. Además, se prohíben objetos punzantes como banderillas o espadas, dejando solo el uso de capote y muleta.
Brugada celebra esto como un triunfo de la “Capital de la Transformación”, pero el único voto en contra, del morenista Pedro Haces, revela fisuras internas. Haces, ligado al gremio taurino, advierte que este cambio amenaza empleos y tradiciones, mientras el gobierno insiste en que protege tanto a los animales como a los trabajadores.
Fuera del Congreso, la tensión explotó. Manifestantes taurinos se enfrentaron a policías, dejando un saldo de tres detenidos y un mando herido. La furia de quienes viven de la fiesta brava choca con la narrativa oficial de una ciudad supuestamente más humana.
El dictamen, avalado el 18 de marzo de 2025, da 210 días al gobierno para emitir un reglamento y 180 al Congreso para ajustar leyes. Sin embargo, la oposición de los taurinos no cede, y ya planean recurrir a vías legales para revertir lo que llaman un ataque a su cultura.
¿Transformación real o simple maquillaje político? La tauromaquia sin violencia suena bien en el discurso, pero su viabilidad económica y cultural está en duda. Mientras Morena se cuelga la medalla, el futuro de esta tradición pende de un hilo en la CDMX.