El gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ha cerrado 39 cuentas en redes sociales vinculadas al reclutamiento de personas para la delincuencia organizada, pero ¿es esto suficiente para detener la ola de violencia que ahoga al país?
Omar García Harfuch, titular de la dependencia, reveló que el área de investigación y patrullaje cibernético detectó estos perfiles tras un análisis exhaustivo, exponiendo cómo los cárteles enganchan a jóvenes y menores con falsas promesas de empleo.
Estas cuentas, usadas para ofrecer trabajos como guardias de seguridad con sueldos de 4 mil a 12 mil pesos semanales, eran una trampa mortal: los reclutados terminaban adiestrados con armas y uniformes tácticos, listos para servir al crimen organizado.
La detención de José Gregorio, alias “Lastra”, un operador clave del Cártel Jalisco Nueva Generación, destapó esta red de terror que opera impunemente en plataformas digitales, mientras el gobierno presume avances que no se reflejan en las calles.
Un informe de la Secretaría de Gobernación detalla que los cárteles captan a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, obligándolos a tareas que van desde mensajería hasta sicariato, mostrando la incapacidad oficial para proteger a los más vulnerables.
El caso del Rancho Izaguirre en Jalisco, denunciado por el colectivo Guerreros Buscadores, evidenció el horror: ropa y 400 pares de zapatos de desaparecidos, un recordatorio de los 120 mil casos sin resolver que el gobierno no logra enfrentar.
Mientras Claudia Sheinbaum promete reformas, la inseguridad sigue creciendo, y el cierre de estas cuentas parece solo un paliativo ante un sistema rebasado por la violencia y la impunidad que no da tregua a los mexicanos.