El gobierno de Donald Trump ha tomado una medida drástica al despedir a casi toda la rama de derechos civiles del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Esta decisión, reportada por medios estadounidenses, se llevó a cabo el viernes 21 de marzo de 2025 y ha generado preocupación por sus implicaciones en la supervisión de políticas migratorias.
La Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, encargada de investigar abusos y garantizar que las acciones del departamento respeten las leyes, quedó prácticamente desmantelada. Este organismo supervisaba temas clave como las deportaciones, un pilar de la agenda de Trump desde su regreso a la presidencia en enero de 2025.
Con esta acción, el presidente elimina una capa de control interno en un momento en que su administración intensifica las detenciones y prepara deportaciones masivas. Según fuentes del gobierno, el objetivo es agilizar las operaciones migratorias sin lo que consideran “obstáculos burocráticos”.
La medida se suma a otros recortes recientes, como el cierre de oficinas de diversidad e inclusión en el mismo departamento. Esto refleja la prioridad de Trump de endurecer las políticas migratorias, alineándose con sus promesas de campaña de 2024.
Organizaciones de derechos humanos han advertido que la falta de supervisión podría derivar en abusos y discriminación en la aplicación de las leyes migratorias. Sin embargo, el gobierno defiende que estas reformas son necesarias para reforzar la seguridad nacional.
La noticia llega en un contexto de tensiones crecientes entre Estados Unidos y países de América Latina, especialmente por el impacto de las deportaciones en la región. Por ahora, el Departamento de Seguridad Nacional no ha detallado cómo reemplazará las funciones de la oficina eliminada.