El pasado 20 de marzo, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) paralizaron la Ciudad de México con bloqueos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM). Lo que comenzó como una protesta por demandas educativas se convirtió en un desorden que afectó a miles de personas.
Desde temprano, los docentes se reunieron cerca de la Terminal 1, extendiendo su presencia hasta Circuito Interior y otras vialidades clave. Con pancartas y megáfonos, exigieron atención a sus peticiones, pero el resultado fue un colapso vial que dejó a pasajeros caminando con maletas en mano y a automovilistas atrapados durante horas.
El AICM informó complicaciones en los accesos a ambas terminales, mientras el Metro cerró estaciones como Hangares y Terminal Aérea por seguridad. Pasadas las 14:00 horas, los manifestantes liberaron parcialmente la zona, pero el daño ya estaba hecho: un día perdido para muchos y una ciudad en jaque por la falta de control.
En el sur, otro grupo de la CNTE tomó la caseta de la autopista México-Cuernavaca, dejando pasar gratis a los conductores por casi dos horas. Al oriente, el puente La Concordia y Calzada Ignacio Zaragoza también quedaron intransitables, sumando más caos a una jornada marcada por la desorganización.
Este no fue un hecho aislado. La CNTE lleva días presionando con un paro de 72 horas, y sus acciones reflejan una estrategia clara: visibilizar sus demandas a costa de la movilidad urbana. Mientras, las autoridades capitalinas solo atinaron a sugerir rutas alternas y a desplegar policías que poco pudieron hacer.
La pregunta queda en el aire: ¿hasta cuándo las protestas legítimas seguirán traduciéndose en perjuicios para los ciudadanos? Por ahora, la CDMX sigue siendo rehén de un conflicto que no parece tener fin a la vista.