La Corte Suprema de Brasil tomó una decisión histórica el pasado 20 de marzo al establecer que los medios de comunicación deberán retirar entrevistas que contengan declaraciones comprobadas como falsas. Esta medida busca frenar la difusión de desinformación en el país sudamericano, un problema que ha generado preocupación en los últimos años.
El fallo surgió a raíz de un caso que involucró al periódico Diário de Pernambuco, acusado de publicar en 1995 una entrevista donde un político señalaba falsamente a un exdiputado como responsable de un atentado durante la dictadura militar. Tras años de litigio, el Supremo definió que los medios solo serán responsables si actúan de mala fe o con negligencia evidente al no verificar la veracidad de los dichos.
La resolución indica que, ante imputaciones falsas de un entrevistado contra terceros, los medios deben despublicar el contenido si así lo solicita la parte afectada. Sin embargo, en entrevistas en vivo, la responsabilidad queda exenta salvo que haya dolo comprobado, lo que protege a los medios de sanciones automáticas en estos casos.
El presidente del Supremo, Luís Roberto Barroso, destacó que esta medida no limita la libertad de prensa, sino que la equilibra con la necesidad de combatir la desinformación. Organizaciones periodísticas habían solicitado ajustes al fallo para evitar que se convierta en una herramienta de censura judicial.
Este precedente marca un cambio significativo en la forma en que los medios brasileños manejarán sus publicaciones. La decisión ha generado debate sobre sus implicaciones en la cobertura de temas sensibles, especialmente en un contexto político polarizado como el de Brasil.
La Sociedad Interamericana de Prensa expresó en 2024 su preocupación por posibles efectos de “censura judicial” derivados de este tipo de fallos. Aun así, la Corte Suprema mantuvo su postura, priorizando la protección de los ciudadanos frente a información falsa y dañina.