El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ha prendido las alarmas al revelar una presunta red de amenazas y vínculos entre delincuentes y partidos políticos en Chignahuapan, a tan solo días de la elección extraordinaria del 23 de marzo. Según el mandatario, hay evidencias de intimidaciones por parte de grupos criminales contra empresarios y líderes locales, un hecho que pone en jaque la seguridad de la región.
Armenta señaló directamente a los partidos políticos como responsables de permitir que figuras ligadas al crimen organizado, como el secuestrador y huachicolero Juan Lira Maldonado, alias “El Moco”, se infiltren en las candidaturas. Este personaje, vinculado a Movimiento Ciudadano a través de su esposa, Yasmín Medina Carrasco, candidata en el proceso, ha generado controversia tras su detención previa por portación de armas.
La situación se agrava con el retiro del candidato del PRI, Mario Luis Olvera Cortés, quien declinó a favor de Morena tras recibir presuntas amenazas. Armenta calificó este escenario como una “corresponsabilidad” de los partidos que no filtran a sus abanderados, dejando a Chignahuapan en una crisis de inseguridad y desconfianza rumbo a las urnas.
El gobernador exigió al Congreso local legislar para impedir que personas con nexos delictivos accedan a cargos públicos, mientras la Fiscalía General del Estado ya investiga a los responsables. La elección extraordinaria, marcada por la anulación de los comicios de junio por irregularidades, se perfila como un polvorín en la Sierra Norte de Puebla.
Con la violencia acechando y las autoridades bajo presión, el proceso electoral en Chignahuapan evidencia una vez más la fragilidad del sistema político ante la influencia criminal. La falta de acción contundente del gobierno estatal y federal solo alimenta la percepción de un territorio abandonado a su suerte.