La Fiscalía de Oaxaca ha encendido las alarmas al revelar que la desaparición y asesinato de ocho jóvenes de Tlaxcala podría ser resultado de un violento ajuste de cuentas entre grupos criminales. El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla señaló que esta es la principal línea de investigación, dejando en evidencia la creciente ola de inseguridad que azota al país.
Según las autoridades, los jóvenes fueron contactados por un sujeto conocido como “El Jocha”, un residente local que los habría involucrado en robos a cajeros automáticos y comercios. Este vínculo delictivo habría desatado un conflicto con otra banda de la región, culminando en un desenlace fatal que pone en jaque la seguridad de Oaxaca.
El caso tomó un giro aún más oscuro con el hallazgo de cinco cuerpos en un vehículo abandonado en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, en Puebla, el pasado 2 de marzo. Las víctimas, originarias de Tlaxcala, habrían llegado a la costa oaxaqueña con planes delictivos, pero terminaron atrapadas en una guerra entre criminales que el gobierno parece incapaz de detener.
Las investigaciones también apuntan a una posible complicidad de policías municipales de Santa Cruz Huatulco. Un operativo reciente desarmó a los agentes y aseguró armas y documentos ligados al caso, sugiriendo que la corrupción y la colusión con el crimen organizado agravan aún más la situación.
Mientras tanto, tres de los desaparecidos fueron localizados: dos con vida y una joven en Puebla, aunque dos personas siguen sin ser encontradas. La falta de respuestas claras y la brutalidad del caso reflejan el descontrol que impera en zonas turísticas como Huatulco y Zipolite, donde la violencia no da tregua.
Este episodio no solo sacude a las familias de las víctimas, sino que expone, una vez más, la ineficacia de las autoridades para frenar la escalada de violencia. La colaboración entre fiscalías de Oaxaca, Puebla y Tlaxcala sigue en curso, pero la pregunta persiste: ¿hasta cuándo seguirán los ajustes de cuentas cobrando vidas sin que nadie rinda cuentas?